Juan Carlos Villanueva
Se observa cierto alivio en el ambiente porque el proceso de deterioro del Banco Popular se ha resuelto por la vía del “bail in”, es decir, que su rescate se ha producido con cargo a los accionistas y tenedores de otros valores y no con cargo al Estado y al contribuyente, como supondría la vía del “bailo out”. Dicho de otro modo, se ha escogido el “mal menor”.
El argumento del mal menor y que la decisión adoptada ha salvado al sistema financiero y bancario español y europeo de los daños que podría haber causado no haber actuado ante la falta de liquidez del banco por la retirada masiva de depósitos debe tomarse con precaución. Se trata de un argumento que sirve para justificar casi todos los quebrantos, máxime cuando lo son para el Estado, mejor dicho, para los contribuyentes, y, por tanto, un factor de incremento del déficit, que sigue siendo uno de los principales problemas del sector público español, por la no devolución de las ayudas.
Más aún, es el argumento que suelen utilizar habitualmente todos los organismos supervisores cuando no han hecho correctamente los deberes, puesto que el deber de un supervisor es establecer mecanismos y normas que anticipen las crisis y los shocks, especialmente los financieros, por su poder de contagio.
La crisis del Banco Popular ha puesto de manifiesto que los cortafuegos son aún bastante ineficientes
Así lo han entendido todas las autoridades y administraciones tras sufrir la reciente crisis, que ha dejado un reguero abundante de cadáveres en el sector bancario español. En la última década, por efecto de la crisis se han establecido numerosas disposiciones de la UE y del gobierno español de carácter macroprudencial que tratan de proteger el sistema financiero de futuro quebrantos y dotar a las autoridades reguladores y supervisoras de más y mejores instrumentos para intervenir antes y atajar los conflictos.
Es sabido que es imposible llegar a garantizar absolutamente la sanidad y solvencia de los sistemas financieros y bancarios, pero cabe preguntarse si los existentes y que se están poniendo en marcha son suficientes para dotar al sistema de unas garantías mínimas que garanticen razonablemente que los recursos que han colocado los inversores y los ahorradores en los bancos y entidades financieras por los distintos caminos: acciones, deuda subordinada y de todo tipo, depósitos, etc, no van a verse evaporados.
La crisis del Banco Popular ha puesto de manifiesto que los cortafuegos son aún bastante ineficientes. Es cierto que esta crisis, como muchas otras de carácter financiero, ha tenido una base real, pero también mucho de incendio, si no provocado, sí asistido por actuaciones, declaraciones e inacciones que han echado la suficiente leña al fuego como para que el incendio adquiriese unas proporciones incontrolables.
Unos nuevos críticos: los Inspectores del banco de España
El procedimiento para cerrar la crisis del Banco Popular mediante su venta por un euro al Santander ha tenido en la última semana un nuevo crítico de singular importancia por tratarse de la Asociación de Inspectores del Banco de España, que conocen o debían conocer de primera mano la verdadera situación del banco.
Esta asociación emitió la pasada semana un comunicado de una dureza singular respecto a las valoraciones que se hicieron de la entidad, que, en cierto modo, cuestionan, al poner en duda el calibre y la amplia horquilla del agujero detectado y que propició el precipitado fin de la entidad.
También ponen en cuarentena la justificación de la intervención. “Resulta difícil de aceptar que hoy en día cualquier entidad financiera, por grande que sea, pueda verse abocada a la quiebra por un problema estrictamente de liquidez. Y si así llega a ocurrir, sería un indicio sólido de que los garantes de la estabilidad financiera no han procedido de la manera más adecuada”, afirma textualmente el comunicado.
El motivo del comunicado
El hecho de que haya sido un comunicado oficial, no unas meras declaraciones de un miembro de la asociación, otorga a la reacción de los inspectores del Banco de España un carácter muy especial. O los inspectores no eran conscientes de la polvareda y las repercusiones que este comunicado iba a levantar, algo prácticamente impensable, o son unos temerarios capaces de poner en riesgo no sólo el buen fin de esta operación sino provocar un auténtico seísmo de demandas que utilizaran este mismo comunicado como soporte y fundamento para sus reclamaciones, lo que, de seguro, tampoco pretendían.
Más bien habrá que pensar que el motivo para tomar esta decisión es otro. Probablemente, la indignación que sufren muchos de estos inspectores que se sienten orillados o, peor aún, que consideran que se ha hecho caso omiso de sus informes, dictámenes y recomendaciones, no sólo en el caso del Popular sino también en el de otras entidades bancarias.
¿Por qué se decidió permitir que la enfermedad siguiera su curso hasta convertirse en incurable?
Y ese es el factor que produce mayor inquietud en el seno de la industria financiera, entre los inversores cualificados o particulares e incluso entre la mayoría de los ciudadanos. ¿Es real lo que las autoridades supervisoras afirman sobre la salud del sistema bancario español, o mejor, de algunas entidades bancarias, entre ellas, las que más están sufriendo en estos días el acoso de los especuladores?
¿Por qué no se tomaron medidas antes como plantea el comunicado? No solo eso, sino que se acusa a los supervisores de inacción y de haber permitido que «tras mostrar los primeros síntomas hace tiempo, en lugar de proceder a una intervención terapéutica de restablecimiento de la salud se decidió permitir que la enfermedad siguiera su curso hasta convertirse en incurable».
Los problemas, de boca en boca
Tal como señalan los inspectores del Banco de España, sorprende que no se tomaran medidas con anticipación, cuando los problemas por sus créditos en el sector inmobiliario de este banco iban de boca en boca, y se sabía que almacenaba un volumen peligroso de activos dañados o problemáticos. ¿Es que no existen mecanismos para auxiliar a un banco en esas circunstancias sin dejarlo que se deslice por la pendiente hasta asomarse al precipicio?
Esta actitud poco cooperativa del sector y de las autoridades en la fase previa de la crisis ha motivado numerosos recelos sobre la solución final y del modo en que se ha realizado, muy especialmente entre los accionistas arruinados o los tenedores de subordinadas.
El mal menor no es el que se invoca siempre en estos casos por los políticos y altos funcionarios cuando no han podido o sabido manejar de forma satisfactoria una crisis. El mal menor estaba en fases anteriores, y para ello hay que poner toda la carne en el asador en el futuro. Pregunten a los que lo han perdido todo si les consuela saber que ese es el mal menor, aunque para ellos sea el mayor de los males.
